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La jueza de Instrucción Virginia Illanes Bordón dictó el auto de "sobreseimiento total por extinción de la acción penal" a favor de los hermanos Hugo Argentino Rivera, Víctor Edgar Rivera y Abel Ricardo Santander, en el marco de una causa por supuesta usurpación.

Según consideró la jueza en su resolución, a la cual tuvo acceso EL INDEPENDIENTE, el delito imputado estaba prescripto. Este instituto de derecho, refiere, "extingue la potestad represiva del Estado", por lo cual, debe ser declarada de oficio.

Justamente, según consigna el fallo, el supuesto delito habría sido cometido el 10 de mayo de 2002, de acuerdo con la denuncia que, en 2009, interpuso Wilson Manestar. Es decir, la comisión delictiva databa de "siete años, seis meses y trece días" antes de que la denuncia fuera formalizada, según calculó la misma jueza.

Tendiendo en cuenta que el artículo 181 del Código Penal prevé una pena de hasta tres años de prisión por este delito, Illanes Bordón entendió que, entonces, la causa estaba prescripta.

"Estamos muy conformes", expresó el conocido cantante en referencia al fallo judicial, firmado en diciembre último, y opinó que "puso en la balanza de la justicia, la verdad y los derechos de cada una de las personas involucradas en esta causa".

Ahora, la familia de Rivera irá por la restitución de la propiedad, ubicada en Villa Unión, la cabecera del departamento Felipe Varela. El pedido formal de restitución se realizaría durante esta semana, según adelantó el cantante.

Sin embargo, las cosas no se presentan tan simples ya que, mientras la causa estaba en pleno proceso, la propiedad en pugna fue vendida irregularmente a un médico de apellido Palacios.

HISTORIA DE UNA CASA Y UNA CAUSA

Durante 47 años, la familia de Rivera vivió en la propiedad que, desde hace algún tiempo, estuvo en la mira de la Justicia. Allí, los hermanos -imputados primero y luego sobreseídos- crecieron, junto con sus padres.

En 1996, Manestar había iniciado un litigio reclamando la posesión del predio. Sin embargo, esta acción no prosperó porque no había documentación que probara la legítima propiedad que alegaba el denunciante. En 2003, Manestar volvió a denunciar a la familia Rivera, pero el entonces juez de Instrucción, Walter Sinesio Moreno, sobreseyó a los acusados, al considerar que no había delito.

Seis años después, la causa fue reactivada por la jueza Graciela Páez de Echeverría y la propiedad en disputa, curiosamente, fue entregada no al denunciante sino a un sobrino del fiscal de Villa Unión, Alberto Ocampo.

Ante este revés, el 23 de diciembre de 2010, los hermanos denunciados debieron desalojar, por una orden judicial, la vivienda y el galpón que habían habitado por años. Al día siguiente, la casa fue demolida ante las sospechosa presencia del defensor de Pobres y Ausentes, Luis Rezinovsky, y del fiscal Ocampo.

La demolición no solamente causó dolor a la familia Rivera, sino también sorpresa e indignación, ya que la medida de desalojo era de carácter provisorio, por lo cual no se podía modificar la propiedad hasta que culminara el proceso.

Justo un año después, el 23 de diciembre de 2011, la Justicia resolvió, finalmente, sobreseer a los acusados, por lo que, se entiende, la propiedad debe regresar a sus manos.